La ley establece que el canal será una empresa mixta público-privada, en la que el Estado tendrá el 51 % de las acciones y de las ganancias, y ofrecerá el restante 49 % a los inversores, que podrán ser países, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas.
El proyecto, aprobado por 86 de los 88 diputados, permitirá el paso de grandes buques entre el Caribe y el Pacífico nicaragüenses y crea la Autoridad del Gran Canal Interoceánico.
El diputado sandinista disidente, Víctor Hugo Tinoco, advirtió que la ley de construcción del canal no permite ningún control del Legislativo sobre el Ejecutivo, lo que, a su criterio, podría desembocar en un “endeudamiento sin control” en Nicaragua.
Agregó que la iniciativa también “pone en riesgo” el “principal recurso que tiene Nicaragua, que es el agua”.
El Gobierno, que envió la iniciativa al Parlamento el pasado 5 de junio, ha dicho que estudia seis rutas para construir esa infraestructura, incluida una que pasa por el río San Juan, de soberanía nicaragüense y fronterizo con Costa Rica.
Por ese motivo, el Gobierno de Costa Rica afirmó que Nicaragua debe pedirle su opinión acerca de la futura construcción de la vía interoceánica, pues podría afectar derechos costarricenses.
Nicaragua ha dicho, además, que esa obra será “complementaria” y no “competitiva” con el Canal de Panamá.
Según la iniciativa, el Canal nicaragüense podría estar parcialmente construido para 2019, año en el que tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9 % de la carga marítima mundial.
Al 2025, el Canal podría recibir 573 millones de toneladas métricas, es decir un 4,5 % de la carga marítima mundial.
Además, la zona de construcción del canal será declarada de “utilidad pública” y el Estado indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en un plazo no mayor de 10 años, de común acuerdo entre las partes.